Texto integro del discurso de Sicilia hoy;
Señoras y señores legisladores, compañeros y compañeras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Antes de reiniciar nuestro diálogo quiero leer unos versos de Marco Antonio Campos:
“El país es algo vivo, la patria hiede a discurso de político,/ a sangre en el campo de batalla y a efemérides de sangre/ Y yo he sentido el país […]/ lo que llamamos México/ es un país muy triste […]/ La infancia libre, la gente que yo quise,/ ríos y lagos, praderas, ciudades, me dicen el país,/ un país que si lo pienso, si lo lloro en lunes,/ si pajarean los arces, si mañana o no,/ me parece un país que se va haciendo pedazos.// Las nubes en el cielo ya han cubierto el sol”. Por esta oscuridad que nos habita y en la que han caído nuestros muertos guardemos un minuto de silencio.
Volvemos, después de una pausa, al diálogo que iniciamos de cara a la nación el 28 de julio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. La pausa, como ustedes lo saben, no fue querida, si no impuesta por la manera en que ustedes, –en nombre de sus procedimientos, sin avisar a nadie, contra los acuerdos que ese mismo 28 de julio establecimos y nuestra perentoria negativa a la Ley de Seguridad nacional– aprobaron en lo general la minuta de esa Ley. Para nosotras y nosotros eso no sólo fue la traición a una palabra empeñada, sino la afirmación, repetida por millones de ciudadanos, de que el Congreso no es confiable, que su representatividad ciudadana está vacía de contenido.
Pese a ello, y en atención a las señales de buena voluntad que nos han dirigido a lo largo de estos días y que nos dicen que la minuta quedará en suspenso “para su aprobación o rechazo” –así lo dijo Josefina Vázquez Mota y así lo entendemos de parte de todos los legisladores– hemos vuelto con la confianza –una confianza, sin embargo, acotada, por el descrédito que ustedes y toda la clase política se han labrado a lo largo del tiempo– de que juntos podremos establecer una ruta para poner lugares, fechas y procedimientos que nos lleven a encarnar lo que juntos establecimos como agenda en el Alcázar del Castillo de Chapultepec: una Ley de Víctimas y un fondo de apoyo inmediato para ellas, una Comisión de la Verdad, Auditores especiales, Consejeros Ciudadanos en el Consejo de Seguridad, reforma del marco legal que tipifique como delito federal la desaparición forzada, la creación de un registro nacional de detenciones y desapariciones, la redacción y aprobación una exhaustiva y profunda Ley que persiga el lavado de dinero, la aprobación ya, en período extraordinario, de una Reforma Política que aliente la democracia participativa y abra caminos para la fiscalización y castigo ciudadano a los funcionarios que traicionen su juramento constitucional, una reforma del Consejo de Seguridad Nacional que haga posible la participación ciudadana en la toma de decisiones, la puesta en marcha de mecanismos del poder legislativo para el acompañamiento y seguimiento de los casos presentados por las víctimas en los estados, la ampliación de recursos destinados a la educación media superior, a la ciencia y a la cultura, como parte de una política que deberá ser integral para atender a nuestros jóvenes y a nuestros niños, la aprobación de la Ley 5 de junio que protegerá a los niños que asisten a las guarderías públicas de morir, como ya sucedió para nuestra desgracia, en el fuego de la negligencia, la simulación y la impunidad, una Ley de Medios que garantice la libre expresión de la gran pluralidad social y política de México y rompa los monopolios que asfixian nuestra democracia y degradan la cultura, y la urgente atención a las demandas de los pueblos indios, como las presentadas aquí por nuestros hermanos wirrárikas respecto a Wiricuta y purépechas de Cherán, mismas que ni siquiera tendríamos que estar planteando aquí si ustedes, el poder legislativo, hubiera honrado palabra empeñada por el gobierno y hubiese cumplido los Acuerdos de San Andrés.
Estamos, como lo acordamos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, dispuestos a trabajar con el Poder Legislativo en esa agenda, pero les repetimos con toda claridad –como con toda claridad se los dijimos en ese mismo Alcázar–, que ninguno de esos problemas podrá llevarse a cabo plenamente en un escenario bélico cada día más cruel, en un escenario de guerra que tiene balcanizado al país al grado de que en muchos de sus territorios están suspendidas de facto las garantías individuales y, al lado de los criminales, el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos.
No proponemos una claudicación frente a la delincuencia; no proponemos tampoco que se abandone la plaza, como malignamente o haciendo alarde de ignorancia, aseguran algunas voces críticas de nuestro Movimiento. Lo que nosotros buscamos es corregir de raíz las causas que generan la violencia: el desgarramiento del tejido social, la desigualdad creciente, la corrupción y la impunidad. La minuta de la Ley de Seguridad Nacional que envió el Senado privilegia, lo volvemos a repetir, la seguridad de las instituciones del gobierno sobre la de los seres humanos y crea un marco legal para continuar la estrategia bélica emprendida por el actual gobierno federal para enfrentar la crisis de seguridad pública que atraviesa la nación. Aunque nos digan que la aprobación de la minuta en lo general no implica la aprobación de la ley sino el comienzo de su discusión, no estamos de acuerdo porque en el fondo lo que se pretende pasar como proceso legislativo normal es un sinsentido
En nuestro primer encuentro en el Alcázar, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dejó clara su posición por boca de Miguel Concha: “Hacemos –dijo–un llamado enérgico, firme al Congreso de la Unión a que se comprometa junto con nosotros […] a construir una legislación que se fundamente en la seguridad humana y ciudadana, única compatible con las libertades públicas, y que sentemos así las bases para terminar con la violencia que tanto está lastimando y haciendo sufrir a nuestro pueblo, y que juntos alcancemos la paz”.
La emergencia nacional que vivimos –y de la que ustedes, encerrados en sus bunkers y sus privilegios no parecen darse cuenta—y el fracaso absoluto de la guerra declarada por el gobierno federal contra los cárteles de la droga y el crimen organizado –allí estamos las 50 mil víctimas, los más de 10 mil desaparecidos y los más de 120 mil desplazados, que día con día aumentan, como prueba amarga, dolorosa e irrefutables de ese fracaso–, nos obliga a trabajar en una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana que nos conduzca a la paz, y no en una Ley, como la presentada por el Ejecutivo (aunque haya sido reformada por el Senado y su espíritu autoritario y antidemocrático fuese atemperado por la intervención de los legisladores), que pretende elevar a rango constitucional una política de guerra que vulnera –como lo vemos todos los días—los derechos humanos, y que lejos de detener la indefensión en la que nos encontramos los ciudadanos y la violencia criminal, las ha agudizado, multiplicando el dolor y el desgarramiento de la sociedad.
Los hemos invitado antes y volvemos a invitarlos ahora a ser los legisladores de la paz y no de la guerra, los representantes de las necesidades y demandas de los ciudadanos y no los custodios de las armas ni los celadores de bunkers y palacios donde a espaldas de nosotros se fraguan acuerdos contra la paz y se defienden fueros. Hoy es tiempo de civilizar los poderes no de militarizar al país, de salvar la democracia, no de destruirla en nombre de intereses imbéciles. Esta guerra, señoras y señores legisladores, ya duró demasiado y sus resultados son cada día más devastadores. Les exigimos que no la perpetúen bajo la forma de una Ley de Seguridad Nacional que vulnera nuestra Constitución, envilece a nuestras Fuerzas Armadas –custodias de la Patria—y abre el camino a la militarización definitiva de la vida pública de la nación. Queremos convocar desde aquí al Ejército y la Marina, a nuestras Fuerzas Armadas, a un diálogo profundo y constructivo; nosotros, la ciudadanía queremos oír sus razones y queremos exponer las nuestras, estamos seguros que el interés superior de la patria, que no se reduce a los intereses de sus instituciones sino al de todas y todos sus ciudadanos habrá de marcarnos a todos el camino. Sabemos, como lo ha expuesto nuestro movimiento en voz de Julián Lebarón, que la paz no vendrá como un obsequio de los políticos y sus instituciones, sino como el resultado del trabajo generoso de todos los seres humanos que conformamos esta república.
Lo repito, no proponemos que se claudique ante la delincuencia. Lo que queremos son leyes, procuradores,, ministerios públicos, policías y jueces que aseguren que los crímenes serán perseguidos y castigados, y que sus víctimas tendrán acceso a la justicia y al resarcimiento del daño, y no marcos legales que, mediante eufemismos –como el de llamar seguridad interior a lo que en realidad es seguridad pública– se justifique la omisión o complicidad de las autoridades civiles, la actuación anticonstitucional de las Fuerzas Armadas y el uso del fuero para violar garantías y derechos con absoluta impunidad. Por eso, disculpen la reiteración, rechazamos categóricamente la Ley de Seguridad Nacional y volvemos a exigirles que trabajemos juntos en una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana que considere la seguridad económica y social, alimentaria, sanitaria, medioambiental, comunitaria, educativa, cultural y política de la nación y de sus pueblos.
Señoras y señores legisladores, mirémonos de nuevo a los ojos, abramos nuestros corazones y hablémonos con la verdad: esta guerra, tan dolorosa para todos los mexicanos, nos la han impuesto nuestros vecinos de Estados Unidos, nos la ha impuesto su hipócrita puritanismo prohibicionista, su adicción masiva al consumo de drogas, su próspera industria armamentista y su gusto por la guerra. ¿Hasta cuándo, les preguntamos, señoras y señores legisladores, vamos permitir que nos sigamos matando para atajar el tráfico de drogas hacia un país que invierte más en su consumo que en educación superior? ¿Cuántas vidas, irrepetibles, dignas, como toda vida, vamos a seguir, criminalmente sacrificando mientras el sistema financiero de Estados Unidos lava las inmensas fortunas que genera, a vista de todos, el mercado de las drogas?, ¿Cuánta más soberanía estamos dispuestos a ceder a las agencias norteamericanas de seguridad que operan en nuestro territorio mientras nuestras Fuerzas Armadas, garantes de esa misma soberanía, son envilecidas en tareas policíacas para las que no están preparadas y que las exponen a la corrupción del crimen organizado y a agresiones a ciudadanos inocentes atrapados en el fuego cruzado de las bandas criminales y los destacamentos militares?, ¿Cuánto más dolor vamos a aceptar para satisfacer los peores intereses, que son los del dinero y los del poder?, ¿Qué están esperando para detener una guerra que pretende, entre otras cosas, erradicar a sangre y fuego el tráfico de marihuana hacia un país que ya la expide legalmente con receta médica por sus beneficios terapéuticos?.
Ustedes, señoras y señores legisladores de todos los partidos y de ambas Cámaras, han permitido que en este país se utilice no sólo un lenguaje de guerra, sino, lo que es peor, una estrategia de guerra, sin que se hubiese cumplido con lo que establece la fracción XII del artículo 73 que le otorga facultades al Congreso de la Unión para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
Tenemos dudas fundadas frente al diálogo que hoy reanudamos. Pero es más nuestro amor a él y el deseo de alcanzar la paz y acuerdos reales que, expresados en la agenda que establecimos, beneficien a los ciudadanos, a las víctimas de esta guerra, a los pueblos indios, a los jóvenes y niños que este país ha maltratado y despreciado hasta el grado de permitir que se les asesine o se les convierta en sicarios y verdugos. La mirada de esos niños y de esos jóvenes convertidos a la delincuencia más que indignarnos o atemorizarnos debe llenarnos de vergüenza: es el ejemplo más claro y terrible del fracaso de las instituciones del país. Su mirada perdida, a veces adusta e insensible, cruel incluso, así como su absoluto desamparo, es el rostro sin sentido de esta guerra, la cara de la emergencia nacional que nos llama a cambiar juntos el rumbo de nuestra historia para salvarlos y salvarnos en vez de matarlos y matarnos.
Ustedes tienen la palabra, a ustedes les toca decidir entre la guerra y la paz.
México a 17 de Agosto de 2011
Gilberto Lozano
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